Diplomacia Cultural

El 1 de agosto de 2026, el Gobierno de Giorgia Meloni empezó a exigir documentación de identidad a viajeros procedentes de España en aeropuertos y puertos italianos, alegando riesgo de «migración secundaria» tras la entrada masiva e irregular de migrantes en Ceuta a finales de julio. España respondió una semana después, el 8 de agosto, con controles equivalentes a viajeros procedentes de Italia. A mediados de mes la tensión seguía sin ceder: el ministro del Interior italiano descartó revisar la medida antes del 15 de agosto, España acusó a Roma de actuar con «lógica de represalia», e Italia respondió que no acepta «ultimátums». El 20 de agosto, Meloni sumó a Italia a una carta firmada por 22 países pidiendo reforzar las fronteras exteriores de la UE, la misma carta que socialistas españoles e italianos calificaron de «solidaridad selectiva».

La tensión no se resolvió en agosto. El 31 de agosto, el Gobierno de Meloni prorrogó otros quince días la suspensión de Schengen con España, alegando que la situación seguía «lejos de mejorar»; España respondió con una prórroga equivalente de sus propios controles. El 5 de septiembre, el BOE publicó una nueva prórroga española, la Orden INT/932/2026, vigente hasta el 22 de septiembre. A la fecha de esta actualización, la crisis fronteriza sigue abierta.

España e Italia no se conocen desde ayer. La Real Academia de España en Roma, fundada en 1873, reorientó por decreto en 2001 sus becas hacia toda Iberoamérica, no solo hacia España. La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, activa desde 1910 (con la excepción de un largo paréntesis entre la Guerra Civil y su reactivación en 1947), centra su misión en la relación bilateral con Italia. Y el acuerdo más reciente entre ambas redes culturales, firmado en mayo de 2024 entre el Instituto Cervantes y la diplomacia pública italiana, habilita proyectos conjuntos en terceros países. Dos años después, el resultado público verificable de ese acuerdo que hemos podido localizar es una exposición fotográfica compartida entre Madrid y Palermo; no hemos tenido acceso al texto del acuerdo ni a un inventario de sus actuaciones.

Ninguna de esas tres instituciones se ha pronunciado sobre la crisis actual. No es sorprendente: ninguna tiene ese mandato. Pero si España e Italia disponen ya de infraestructura cultural que, solo en el caso de la Academia de España en Roma, supera el siglo y medio, y esa infraestructura no se activa precisamente cuando más se necesita, cuando dos gobiernos se cierran fronteras mutuamente por primera vez en años, la pregunta no es si el vínculo cultural sirve para tender puentes. Es por qué, en el momento en que haría falta, nadie lo está usando.

Desde el 17 de septiembre y hasta el 6 de diciembre de 2026, la sala Mario Vázquez del Museo Nacional de Antropología, en Ciudad de México, exhibe el Códice Azcatitlan, un manuscrito pictográfico náhuatl que narra la migración mexica desde Aztlán hasta la conquista. La muestra forma parte de un préstamo recíproco y temporal: mientras el Azcatitlan cruza el Atlántico hacia México, el Códice Boturini, otro manuscrito de la misma tradición, viaja en sentido inverso hasta la Biblioteca Nacional de Francia, en París. No hay devolución definitiva sobre la mesa: ambos documentos regresarán a sus sedes habituales cuando termine el intercambio.

El acuerdo lo cerraron la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Emmanuel Macron en noviembre de 2025, dentro del programa de actos por el bicentenario de relaciones diplomáticas entre México y Francia. Conviene no confundir esta exposición con otra anterior: en julio de 2026, la Secretaría de Cultura ya había presentado, en el corredor cultural del Metro Pino Suárez, una muestra de reproducciones fotográficas de gran formato del mismo códice, con una fecha de cierre distinta. Aquella era una exposición de copias en un espacio público; esta, la que ahora ocupa el Observatorio, es el manuscrito original en una sala de museo, con su propio calendario.

El Azcatitlan y el Boturini no son ajenos entre sí ni a Francia. Joseph Marius Alexis Aubin, americanista que viajó a México en 1830, reunió a lo largo de décadas una colección de manuscritos mexicanos que incluía, según reconstruyó él mismo, buena parte de lo que había pertenecido al etnógrafo italiano del siglo XVIII Lorenzo Boturini. En 1889, el filántropo e industrial franco-mexicano Eugène Goupil compró esa colección; su viuda, Ernestine Goupil, la donó a la Biblioteca Nacional de Francia en 1898, cumpliendo la voluntad de su marido. Ese fondo mexicano lleva más de un siglo en París, no por un episodio aislado de 2026, sino por una cadena de compras, herencias y donaciones que empezó en el siglo XIX.

Según el comunicado de la Secretaría de Cultura del 17 de septiembre, la iniciativa para que el Azcatitlan regresara a México partió de la comunidad hñähñu de Ixmiquilpan, en Hidalgo. Es un dato que solo conocemos por esa fuente institucional: no hemos podido contrastarlo con un testimonio directo de la comunidad, así que lo registramos como relato oficial, no como hecho verificado de forma independiente. El mismo comunicado plantea, con una cita que vale la pena transcribir, un horizonte de trabajo conjunto: investigación compartida, digitalización de acceso abierto, intercambio de conservadores y formación de especialistas, «porque la memoria no pertenece solo a las instituciones que custodian los objetos, sino a los pueblos y generaciones que se reconocen en ellos». Es un objetivo anunciado en el acto de apertura, sin presupuesto, responsables ni calendario que hayamos podido localizar hasta la fecha de este brief.

El préstamo de los dos códices ya sucedió: eso no está en discusión. Lo que el Observatorio se propone seguir es lo que venga después de diciembre, cuando ambas vitrinas se cierren. Primero, qué acceso nuevo genera el intercambio más allá de las reproducciones digitales que ya existían antes del acuerdo. Segundo, si la investigación conjunta anunciada llega a concretarse en un proyecto con nombre, tareas y resultado publicado, y no solo en la mención de dos instituciones colaborando. Tercero, si la comunidad hñähñu y otros pueblos vinculados a estos manuscritos participan en la selección de contenidos o en la evaluación de lo hecho, o si su papel se agota en ser mencionados en la inauguración. Ninguna de las tres tiene todavía respuesta pública. Volveremos sobre ellas cuando cierren las exposiciones.

Entre el 7 y el 9 de septiembre de 2026, la Fonoteca Nacional de México, en Ciudad de México, acogió el II Encuentro Iberoamericano de Archivos, organizado por Iberarchivos e Ibermemoria y dedicado por primera vez de forma monográfica al uso de la inteligencia artificial en la preservación documental. Asistieron especialistas de once países del espacio iberoamericano, con un programa de becas dirigido específicamente a archiveras, con enfoque de género.

España participó a través de la Subdirección General de los Archivos Estatales, que además ejerce la secretaría técnica de Iberarchivos, el programa bajo el que se organizó buena parte del encuentro. Esa misma subdirección tiene bajo su paraguas administrativo al Archivo General de Indias, en Sevilla: uno de los principales archivos para estudiar las relaciones históricas entre España y América, y la fuente primaria de buena parte de la investigación que este Instituto realiza en el Archivo Indiano de Identidades Transatlánticas.

Tiene su gracia: la misma oficina que coordina técnicamente el debate sobre IA y archivos es, en el organigrama, la que custodia el fondo que menos ha dicho al respecto. En las búsquedas realizadas para este brief (comunicados oficiales del AGI y de Iberarchivos, hemerotecas y el propio programa del encuentro) no hemos localizado ninguna postura pública, proyecto piloto o iniciativa concreta del Archivo General de Indias sobre el uso de inteligencia artificial en su documentación, ni surgida de este encuentro ni anterior a él. Hay antecedentes de aplicar estas técnicas a documentación del AGI: el proyecto Carabela (IAPH/UPV, Drassana 28, 2020), que aplicó reconocimiento de escritura manuscrita sobre miles de imágenes obtenidas de PARES, aunque eso documenta una colaboración de investigación, no necesariamente una política propia del archivo. IA generativa y reconocimiento o indexación de manuscritos son tecnologías relacionadas pero distintas, y conviene no tratarlas como equivalentes.

No es necesariamente una omisión: el encuentro de México fue, según su propia convocatoria, un espacio de diálogo técnico entre archiveras y archiveros, no un foro donde se anuncian políticas concretas, y España sí tuvo asiento en la mesa. Pero si el debate sobre cómo debe tratar la inteligencia artificial a los archivos compartidos ya ha empezado, vale la pena preguntar qué papel piensa jugar en él una institución que, como esta Fundación, trabaja a diario con uno de esos fondos. Por ahora, el archivo que más páginas ha escrito sobre América es también el que menos ha escrito sobre su propio futuro.

78 películas españolas se estrenaron en las salas de Colombia entre 2021 y 2024. Siete fueron coproducidas con Colombia. El resto llegó, según esta misma cifra del Ministerio, sin coproducción con Colombia (lo que no descarta que alguna fuera coproducción española con un tercer país), como cualquier producto extranjero: comprado, distribuido, exhibido. Eso no es cooperación cultural. Es venta. El 15 de julio de 2025, el primer día del Bogotá Audiovisual Market, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y el ICAA español anunciaron un convenio bilateral para intentar revertirlo: los proyectos coproducidos bajo el nuevo marco tendrán incentivos fiscales, fondos de fomento y facilidades migratorias en ambos países, y contarán como "nacionales" en los dos territorios a la vez. El acuerdo se firmó formalmente el 26 y el 29 de septiembre de 2025, en Bogotá y Barcelona, y quedó publicado como BOE-A-2025-22427.

El patrón se repite fuera del cine. Iberescena, el programa multilateral de artes escénicas de los 17 países iberoamericanos, recibió 797 solicitudes en su convocatoria 2025-2026. Financió 131. Un 16,4% de éxito. No falta ambición de cruzar el Atlántico juntos: sobra demanda y falta presupuesto, en una proporción aproximada de seis a uno. Una tasa de selección baja no prueba por sí sola falta de fondos: no conocemos la elegibilidad ni la calidad de los proyectos descartados, los importes solicitados, ni cuántos implicaban intercambio transatlántico frente a otro tipo de colaboración. Dentro de esa convocatoria, la línea específica de coproducción recibió 44 apoyos por 375.889,64 €, del total de 1.092.972,66 € repartido entre las tres líneas del programa; si el foco es coproducir en concreto, y no creación o programación en general, esa es la cifra pertinente.

Y cuando España sí paga por coproducir de verdad, la fotografía es más matizada de lo que parece. Ibermedia, el fondo clásico de coproducción cinematográfica iberoamericana, repartió 139 millones de dólares en 28 años, entre desarrollo, distribución, exhibición y formación, no solo coproducción. Ibermedia Next, la línea nueva financiada con fondos europeos NextGenerationEU, ha cerrado tres convocatorias (2023-2025) con 43 proyectos: las empresas que solicitan la ayuda son españolas, portuguesas e italianas, pero sus propias bases exigen codesarrollo con creadores latinoamericanos (la primera convocatoria vinculó a las empresas europeas con diez países de Latinoamérica). Tener financiación o sede europea no equivale, por tanto, a que la cooperación creativa se quede en Europa. Lo que este Instituto no ha podido reconstruir con una fuente única y desglosada es cuánto de ese dinero llega finalmente a manos de los socios latinoamericanos frente a los europeos: sin esa distribución por país, socio y derechos, no se puede sostener ninguna comparación de proporciones entre Ibermedia clásico e Ibermedia Next.

Quizá la solución sea más simple de lo que parece: cambiar el orden de las preguntas. La próxima vez que España diseñe un fondo de coproducción, que empiece por decidir con quién, y no solo con cuánto dinero. Iberoamérica no necesita que se hable más de ella. Necesita que se le pague por el mismo trabajo que ya se le paga a Europa. Una forma concreta de empezar: que el propio programa publique, por convocatoria, el reparto de fondos por país socio y tipo de aportación, financiera o creativa.

Fortalecer el vínculo trasatlántico no empieza por fundar redes nuevas: empieza por saber cuáles ya existen y en cuáles de ellas España e Iberoamérica todavía no se sientan juntas. Estas son las cuatro que, hoy, definen ese terreno.

Europeana Network Association. Es la comunidad de expertos que sostiene Europeana, el espacio de datos de patrimonio cultural digital de la Unión Europea, abierta a cualquier profesional del sector. La agregación técnica de contenido hacia Europeana funciona por una vía distinta, Archives Portal Europe, cuyo Country Manager para España es la Subdirección General de los Archivos Estatales: es esa vía, y no la pertenencia a la Europeana Network Association, la que decide qué fondos archivísticos españoles ganan visibilidad europea. No existe cifra pública de cuántos fondos españoles con componente iberoamericano, como los de PARES, están hoy agregados en Europeana.

ICCROM. Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales, con sede en Roma. Integra a España entre sus Estados miembros, y México, Perú y Brasil, entre otros países iberoamericanos, participan activamente en sus programas de capacitación en conservación y restauración.

Iberarchivos. Descrito en el primer brief de este Observatorio: 17 países miembros, con Unidad Técnica en la Subdirección General de los Archivos Estatales y financiación de AECID desde 1998, convocatoria 2025 de 367.605 € para 43 proyectos archivísticos.

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Fundada en octubre de 1982 a iniciativa de Enrique Tierno Galván, entonces alcalde de Madrid, con sede en la propia capital. Agrupa hoy a 29 ciudades capitales y áreas metropolitanas de Iberoamérica y la península ibérica, y obtuvo estatus consultivo ante el ECOSOC de Naciones Unidas en 1989. No es una red archivística sino municipal, pero es un canal institucional real, con sede en Madrid, por el que pasan hermanamientos y acuerdos culturales entre capitales españolas e iberoamericanas.

La Fundación Arché Gallardo no participa hoy en ninguna de estas cuatro redes: se listan aquí como mapa del terreno, no como alianzas ya existentes.

Hay una manera de medir dónde pone España sus prioridades culturales sin necesidad de preguntárselo directamente: mirar a qué programas destina su atención digital. Desde 1998, Iberarchivos coordina la cooperación archivística con los diecisiete países iberoamericanos que forman parte del programa, a través de un Consejo Intergubernamental y una Unidad Técnica gestionada por la Subdirección General de los Archivos Estatales; AECID contribuye a su financiación y la OEI administra los contratos del fondo. Su convocatoria ordinaria 2025 aprobó 367.605 € (331.475 € en la línea general más 36.130 € en la línea de prevención de riesgos) para 43 proyectos, más otros 30.000 € para dos proyectos supranacionales por una vía separada. El 12 de diciembre de 2022, casi tres años antes y no en el mismo periodo, la Comisión Europea concedió más de 4,4 millones de euros a cuatro proyectos de digitalización de patrimonio dentro del Digital Europe Programme, con inicio en enero de 2023 y dos años de duración. Comparar ambas cifras exige tener en cuenta que responden a calendarios, objetivos y bases de beneficiarios distintos.

La comparación tiene matices que van más allá del calendario: los dos programas responden a lógicas, escalas de beneficiarios y objetivos distintos, y 367.605 € no es ni el presupuesto anual completo de Iberarchivos ni el conjunto de la cooperación documental española con Iberoamérica, que incluye otras vías no recogidas en esta cifra. Lo que sí puede decirse, con esa salvedad, es que una sola línea europea de patrimonio digital movilizó en un año más que la convocatoria ordinaria completa de Iberarchivos: una diferencia de escala real, aunque no se pueda resumir en una única proporción sin comparar programas homogéneos.

Este brief no pide un reparto igual entre programas de naturaleza distinta. Pide algo más simple y medible: que España publique, con periodicidad y un criterio de gasto común, cuánto destina en total, por todas las vías y no solo Iberarchivos, a cooperación documental con Iberoamérica, del mismo modo que ya reporta su participación en programas europeos. Sin esa cifra agregada, ninguna comparación de prioridades es verificable.

El 26 de mayo de 2025, en la sede madrileña de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa Iberarchivos, respaldado por la AECID y los archivos nacionales de sus diecisiete países miembros, presentó el Observatorio Iberoamericano de Archivos: la primera infraestructura de datos comparados sobre política archivística de la región. Diagnósticos sistemáticos, una base de datos especializada, mapas e indicadores abiertos a investigadores, instituciones y público general.

No reparte fondos: mide y compara. Y ese gesto, aunque modesto, importa más de lo que parece. Hasta ahora, comparar la política archivística de diecisiete países se hacía a pulso, uno por uno, sin un lugar común donde mirar. Este Observatorio celebra que exista ese lugar, exactamente el tipo de infraestructura compartida que hace posible tender puentes reales y no solo declararlos, aunque su valor dependerá de que se mantenga y se use. Presentaron el proyecto José Vílchez, presidente del Consejo Intergubernamental de Iberarchivos; Enrique Vargas, por la SEGIB; y Santiago Herrero, por la AECID.

Lo que este Observatorio no da por cerrado: si el Observatorio Iberoamericano de Archivos ha publicado ya su primer conjunto de indicadores, o si su base de datos sigue en construcción. Lo seguiremos de cerca: no por desconfianza, sino porque una infraestructura de memoria compartida solo vale lo que se sostiene en el tiempo.

Actualización, 21 de septiembre de 2026. El Centro de Datos del Observatorio Iberoamericano de Archivos ya publica indicadores basados en información obtenida en 2023 (política archivística, acervo, estructura y personal, acceso a la información, género, administración electrónica), con datos de cobertura variable: la página de indicadores enumera archivos de 16 países o territorios, no necesariamente los 17 miembros del programa en cada panel. Su utilidad para comparar políticas debe evaluarse indicador por indicador, no dando por hecho que cada uno cubre a todos los miembros por igual.