Hay una manera de medir dónde pone España sus prioridades culturales sin necesidad de preguntárselo directamente: mirar a qué programas destina su atención digital. Desde 1998, Iberarchivos coordina la cooperación archivística con los diecisiete miembros del programa, a través de un Consejo Intergubernamental y una Unidad Técnica gestionada por la Subdirección General de los Archivos Estatales; AECID contribuye a su financiación y la OEI administra los contratos del fondo. Su convocatoria ordinaria 2025 aprobó 367.605 € (331.475 € en la línea general más 36.130 € en la línea de prevención de riesgos) para 43 proyectos, más otros 30.000 € para dos proyectos supranacionales por una vía separada. El 12 de diciembre de 2022, casi tres años antes y no en el mismo periodo, la Comisión Europea concedió más de 4,4 millones de euros a cuatro proyectos de digitalización de patrimonio dentro del Digital Europe Programme, con inicio en enero de 2023 y dos años de duración. Comparar ambas cifras exige tener en cuenta que responden a calendarios, objetivos y bases de beneficiarios distintos.
La comparación tiene matices que van más allá del calendario: los dos programas responden a lógicas, escalas de beneficiarios y objetivos distintos, y 367.605 € no es ni el presupuesto anual completo de Iberarchivos ni el conjunto de la cooperación documental española con Iberoamérica, que incluye otras vías no recogidas en esta cifra. Lo que sí puede decirse, con esa salvedad, es que una sola línea europea de patrimonio digital movilizó en un año más que la convocatoria ordinaria completa de Iberarchivos: una diferencia de escala real, aunque no se pueda resumir en una única proporción sin comparar programas homogéneos.
Este brief no pide un reparto igual entre programas de naturaleza distinta. Pide algo más simple y medible: que España publique, con periodicidad y un criterio de gasto común, cuánto destina en total, por todas las vías y no solo Iberarchivos, a cooperación documental con Iberoamérica, del mismo modo que ya reporta su participación en programas europeos. Sin esa cifra agregada, ninguna comparación de prioridades es verificable.